Dice el Arzobispo de Canterbury que habrá que incluir aspectos de la ley islámica (“Sharía”) dentro de la legislación británica para que asuntos de naturaleza civil se resuelvan según estas normas religiosas.
No sé si ser obispo es contagioso, pero no pienso ir a ningún sitio donde haya uno por medio a que me contagie un virus episcopal y me dedique a decir tonterías como las que dicen los obispos españoles y ahora el Primado de la Iglesia Anglicana.
Las bases de la democracia se asientan en que todos los ciudadanos son iguales y que debe hacer una neta separación entre lo religioso y lo político, cosa que formalmente en el Reino Unido, una de las cunas de la democracia moderna, no existe.
La separación entre lo religioso y lo político implica que la única ley válida y obligatoria para toda la sociedad es la ley del Estado. Ésta es la mayor garantía que podemos tener para la igualdad. Establecer leyes especiales según la pertenencia religiosa o étnica quiebra el monopolio del Estado en estos aspectos.
Volveríamos a la fragmentación jurídica del Feudalismo y del Antiguo Régimen, en el que cada grupo tenía sus propias leyes para personas, contratos y acciones, e incluso poseían tribunales para sus miembros. Cada grupo era un pequeño estado dentro de un Estado que era débil. Aceptar la propuesta del Arzobispo de Canterbury es regresar posiciones predemocráticas: no habría una ley para todos, el individuo vería marcada la ley aplicable por su nacimiento, el Parlamento inglés perdería su soberanía y la persona quedaría disuelta en el grupo.
La integración de la población inmigrante, en mi opinión, debe ir encaminada en que tengan y disfruten los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos, la misma relación jurídica con el país al que han optado ir y que ellos sean considerados como individuos y no como un grupo al que hay que tratar con leyes especiales, pese a que esta propuesta pueda tener la mejor de las intenciones.
No sé si ser obispo es contagioso, pero no pienso ir a ningún sitio donde haya uno por medio a que me contagie un virus episcopal y me dedique a decir tonterías como las que dicen los obispos españoles y ahora el Primado de la Iglesia Anglicana.
Las bases de la democracia se asientan en que todos los ciudadanos son iguales y que debe hacer una neta separación entre lo religioso y lo político, cosa que formalmente en el Reino Unido, una de las cunas de la democracia moderna, no existe.
La separación entre lo religioso y lo político implica que la única ley válida y obligatoria para toda la sociedad es la ley del Estado. Ésta es la mayor garantía que podemos tener para la igualdad. Establecer leyes especiales según la pertenencia religiosa o étnica quiebra el monopolio del Estado en estos aspectos.
Volveríamos a la fragmentación jurídica del Feudalismo y del Antiguo Régimen, en el que cada grupo tenía sus propias leyes para personas, contratos y acciones, e incluso poseían tribunales para sus miembros. Cada grupo era un pequeño estado dentro de un Estado que era débil. Aceptar la propuesta del Arzobispo de Canterbury es regresar posiciones predemocráticas: no habría una ley para todos, el individuo vería marcada la ley aplicable por su nacimiento, el Parlamento inglés perdería su soberanía y la persona quedaría disuelta en el grupo.
La integración de la población inmigrante, en mi opinión, debe ir encaminada en que tengan y disfruten los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos, la misma relación jurídica con el país al que han optado ir y que ellos sean considerados como individuos y no como un grupo al que hay que tratar con leyes especiales, pese a que esta propuesta pueda tener la mejor de las intenciones.
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