A principio de la década de los ochenta el administrativista Manuel Clavero denunció el fenómeno que él calificó de “Huida del Derecho Administrativo”. Este fenómeno consiste en la actuación de las administraciones públicas a través de los mecanismos del Derecho Privado, preferentemente del Derecho Mercantil, con la finalidad de saltarse los controles administrativos, especialmente los referentes a la contratación. La denuncia de poco ha servidos dentro de las Administraciones Públicas, pues todas han buscado alguna forma ingeniosa para saltarse las escasas reacciones legislativas y jurisprudenciales que ponían levísimos obstáculos.
La situación actual ya no puede ser calificada de “Huida”, sino de una verdadera “Espantada del Derecho Administrativo”. La calificación entre el sector público y el sector privado ya no es difusa, sino prácticamente imposible de determinar. Singularmente en algunas áreas, la tendencia a la externalización de servicios y a entregar determinados servicios en determinadas “agencias privadas especializadas” ha provocado que ingentes cantidades de dinero anden al servicio de entes que normalmente defienden una ideología, sea la que sea. Los especialistas en Derecho Público mantienen ahora una definición contable, y no estrictamente jurídica, para definir qué es el sector público, y esa definición incluiría a muchas de esas agencias privadas, que mantienen una doble y contradictoria identidad: ser privadas y gestionar recursos públicos.
Siempre he sido defensor, y lo sigo siendo, de una neta separación entre lo público y lo privado, esto es, algo es público o privado, no siendo admisibles categorías intermedias, por lo que siempre he detestado incluso a las llamadas empresas públicas. La vergonzosa Ley General de Subvenciones de 2003, muy propia de la ideología falsamente liberal del gobierno de ese momento, que establece el cien por cien de la actividad como límite de la subvención, ha dado la posibilidad de contratar servicios con “agencias privadas”, esquivando la contratación pública, a cambio de los contratos laborales del personal elegido según criterios privados y no públicos, a pesar que el dinero que les paga es público. De la justificación de la existencia de subvenciones ya hablaré más adelante.
La situación actual ya no puede ser calificada de “Huida”, sino de una verdadera “Espantada del Derecho Administrativo”. La calificación entre el sector público y el sector privado ya no es difusa, sino prácticamente imposible de determinar. Singularmente en algunas áreas, la tendencia a la externalización de servicios y a entregar determinados servicios en determinadas “agencias privadas especializadas” ha provocado que ingentes cantidades de dinero anden al servicio de entes que normalmente defienden una ideología, sea la que sea. Los especialistas en Derecho Público mantienen ahora una definición contable, y no estrictamente jurídica, para definir qué es el sector público, y esa definición incluiría a muchas de esas agencias privadas, que mantienen una doble y contradictoria identidad: ser privadas y gestionar recursos públicos.
Siempre he sido defensor, y lo sigo siendo, de una neta separación entre lo público y lo privado, esto es, algo es público o privado, no siendo admisibles categorías intermedias, por lo que siempre he detestado incluso a las llamadas empresas públicas. La vergonzosa Ley General de Subvenciones de 2003, muy propia de la ideología falsamente liberal del gobierno de ese momento, que establece el cien por cien de la actividad como límite de la subvención, ha dado la posibilidad de contratar servicios con “agencias privadas”, esquivando la contratación pública, a cambio de los contratos laborales del personal elegido según criterios privados y no públicos, a pesar que el dinero que les paga es público. De la justificación de la existencia de subvenciones ya hablaré más adelante.
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