Que la provincia sea la circunscripción electoral (por mandato constitucional) con una atribución mínima de dos escaños (según la LOREG) provoca que en determinados lugares de España voten los kilómetros cuadrados y el número de provincias y no los ciudadanos.
La derecha está secularmente indignada por el hecho de que sistemáticamente Andalucía y Cataluña sean las comunidades españolas decisivas para que el PSOE gane las elecciones. Ellos contraponen el número de comunidades al número de votantes, el número de provincias al número de ciudadanos, la extensión territorial a los votantes.
En las elecciones del 9 de marzo en Castilla y León se ha elegido 32 diputados. El PP ha obtenido 18 escaños y el PSOE 4. El precio de un escaño en esa comunidad puede verse en el cuadro 1. Si aplicáramos a Castilla y León lo que cuesta un escaño en Cataluña, los diputados a elegir en el norte de la Meseta serían de 19, y con la media andaluza serían de 21 (véase en el cuadro 2).
La diferencia entre PP y PSOE se vería reducida considerablemente, puesto que disminuiría notablemente el número de escaños por provincia. Es injusto, en conclusión que Castilla y León haya proporcionado al PP una ventaja electoral de cuatro escaños cuando, en comparación con las dos comunidades más pobladas, el número de diputados y las posibles ventajas deberían ser menores.
No se sostiene por ningún sitio la idea de que Cataluña y Andalucía condicionan a la mayor parte del país, cuando son las comunidades más pobladas y algunas de las más perjudicadas, especialmente Cataluña, en lo referente a escaños en cuanto a la población que tienen.
Sé que para la ideología conservadora del Partido Popular es poco grato reforzar la idea de que la representación de los ciudadanos proviene de una suma de votos y no de cuestiones grupales como el territorio.
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