Ahora viene la OCDE a sacarnos nuevamente los colores con un estudio en el que se ve a España como el único Estado Miembro en el que se ha perdido poder adquisitivo en los últimos diez años. Se intenta justificar este escandaloso dato indicando que la masiva incorporación de inmigrantes al mercado laboral, en los puestos de más baja cualificación, ha hecho que la media decaiga.
Pero ese es el problema, que existan tantos puestos de trabajo con baja remuneración y no sólo está entre los de baja cualificación que ocupan los inmigrantes, sino también entre los muchísimos trabajadores españoles (entre los veinticinco años y los treinta y cinco) que desarrollan funciones cualificadas, para los que las empresas requieren a titulados superiores a los que luego les remunera como auxiliares administrativos. Dado la gran ofertas de titulados universitarios, se les paga lo que les da la gana a las empresas, generalmente 1000 euros, y luego se les coloca en puestos directivos que normalmente tendrían una mayor remuneración, exigiéndoles como si tuvieran opciones sobre las acciones de la empresa, al estilo de Telefónica de Villalonga.
Nuestro espectacular crecimiento económico y el increíble beneficio de las grandes empresas españolas han sido posibles por el ahorro en los gastos de personas y por unos beneficios urbanísticos realmente surrealistas.
A nadie le puede extrañar que la caída del paro en tiempos del PP se debiera únicamente a que la masa laboral era cada día más barata y gratuita en ocasiones (que alguien diga las horas extras que le han pagado). El actual gobierno socialista está tomando las medidas adecuadas como la de encontrar nuevos yacimientos de empleo en el mundo de la dependencia, pactar el final de la temporalidad con sindicatos y empresarios y potenciar (todavía insuficientemente) la Inspección de Trabajo. Todavía que lo que para mí es el punto fundamental: que la causalidad sea el centro en el contratación laboral, de forma que se deje la arbitrariedad de las empresas a la hora de remunerar y clasificar a los trabajadores, y a que estos se les pague conforme al trabajo que realmente realizan.
Finalmente quiero decir que una subida de las retribuciones y una bajada en los beneficios urbanísticos no serían contrarios al crecimiento económico, porque si estos se produjera subirían los niveles de renta disponible y, consiguientemente, el consumo individual y familiar se dispararía creando nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, en vez de que tanto dinero se quede en las cuentas corrientes y en los depósitos, a veces oscuros, por ser generoso, de unos pocos.
Pero ese es el problema, que existan tantos puestos de trabajo con baja remuneración y no sólo está entre los de baja cualificación que ocupan los inmigrantes, sino también entre los muchísimos trabajadores españoles (entre los veinticinco años y los treinta y cinco) que desarrollan funciones cualificadas, para los que las empresas requieren a titulados superiores a los que luego les remunera como auxiliares administrativos. Dado la gran ofertas de titulados universitarios, se les paga lo que les da la gana a las empresas, generalmente 1000 euros, y luego se les coloca en puestos directivos que normalmente tendrían una mayor remuneración, exigiéndoles como si tuvieran opciones sobre las acciones de la empresa, al estilo de Telefónica de Villalonga.
Nuestro espectacular crecimiento económico y el increíble beneficio de las grandes empresas españolas han sido posibles por el ahorro en los gastos de personas y por unos beneficios urbanísticos realmente surrealistas.
A nadie le puede extrañar que la caída del paro en tiempos del PP se debiera únicamente a que la masa laboral era cada día más barata y gratuita en ocasiones (que alguien diga las horas extras que le han pagado). El actual gobierno socialista está tomando las medidas adecuadas como la de encontrar nuevos yacimientos de empleo en el mundo de la dependencia, pactar el final de la temporalidad con sindicatos y empresarios y potenciar (todavía insuficientemente) la Inspección de Trabajo. Todavía que lo que para mí es el punto fundamental: que la causalidad sea el centro en el contratación laboral, de forma que se deje la arbitrariedad de las empresas a la hora de remunerar y clasificar a los trabajadores, y a que estos se les pague conforme al trabajo que realmente realizan.
Finalmente quiero decir que una subida de las retribuciones y una bajada en los beneficios urbanísticos no serían contrarios al crecimiento económico, porque si estos se produjera subirían los niveles de renta disponible y, consiguientemente, el consumo individual y familiar se dispararía creando nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, en vez de que tanto dinero se quede en las cuentas corrientes y en los depósitos, a veces oscuros, por ser generoso, de unos pocos.
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