Supongamos por un momento que el último delirio legislativo electoral del PP, que sólo pudiera gobernar el que llegase al 40% de los votos, se hiciese realidad. Lo primero que deberíamos indicar es que en 1996 el Partido Popular no podría haber formado gobierno al no haber alcanzado ese nivel, pues obtuvieron 38.79% de los sufragios. Lo segundo es que en Canarias, por ejemplo, ninguna fuerza política tendría posibilidades de formar gobierna, porque ninguna de ellas llega al nivel de solvencia política que se le ha ocurrido a los populares.
Pero empecemos ya con nuestro ejercicio de suposición. Un alcalde, por poner el caso, que está en minoría tiene que sacar adelante su programa de gobierno y de repente se da cuenta que la oposición tiene más voto que él, por lo que cualquier cosa que lleve al pleno, aunque sea una declaración a favor de las navidades, no podrá ser votada nunca, y mucho menos unos presupuestos para la localidad.
Ese alcalde ahora tendrá que entrar a negociar cada asunto con algún grupo de la oposición que le dé la mayoría, pero esos grupos, fuera del gobierno y de la posibilidad de llevar a la práctica su programa, poco querrán ceder y lo que cedan será a un precio altísimo. En vez de llegar a un acuerdo de gobierno basado en programas, habrá acuerdos puntuales basados en intereses inconfesables.
Llevemos la situación al extremo. El gobierno minoritario, gracias a idea popular, nunca podría ser desbancado por la mayoría de los representantes, porque si tiene que gobernar quien saque al menos el 40%, lo normal es nunca se pueda plantear una moción de censura, que es el instrumento último y más poderoso de fiscalización de la oposición a un gobierno.
Estos son algunos de los peligros, “grosso modo”, que la solución para un problema singular y propio únicamente de los populares (que no es otro que la pérdida del gobierno de las Islas Baleares) tendría sobre la totalidad de los gobiernos autonómicos y municipales de nuestro país.
Puestos a propuestas arriesgadas: cabe proponer, constitucionalmente, la elección directa de los alcaldes (incluso a doble vuelta), procedimiento electoral que existe ya en municipios de pocos habitantes, y dotarles de un amplio poder al tener ellos mismos una legitimidad democrática propia. Pero estoy seguro que esta propuesta no gustaría a los dirigentes populares, ya que les quitaría de por vida numerosas alcaldías que la izquierda pierde por la disgregación del voto en varios partidos y que se agruparían en una segunda vuelta. Al final y al principio, a los populares solamente le interesa tener el poder y para ello pisotean los principios, incluso los propios.
Pero empecemos ya con nuestro ejercicio de suposición. Un alcalde, por poner el caso, que está en minoría tiene que sacar adelante su programa de gobierno y de repente se da cuenta que la oposición tiene más voto que él, por lo que cualquier cosa que lleve al pleno, aunque sea una declaración a favor de las navidades, no podrá ser votada nunca, y mucho menos unos presupuestos para la localidad.
Ese alcalde ahora tendrá que entrar a negociar cada asunto con algún grupo de la oposición que le dé la mayoría, pero esos grupos, fuera del gobierno y de la posibilidad de llevar a la práctica su programa, poco querrán ceder y lo que cedan será a un precio altísimo. En vez de llegar a un acuerdo de gobierno basado en programas, habrá acuerdos puntuales basados en intereses inconfesables.
Llevemos la situación al extremo. El gobierno minoritario, gracias a idea popular, nunca podría ser desbancado por la mayoría de los representantes, porque si tiene que gobernar quien saque al menos el 40%, lo normal es nunca se pueda plantear una moción de censura, que es el instrumento último y más poderoso de fiscalización de la oposición a un gobierno.
Estos son algunos de los peligros, “grosso modo”, que la solución para un problema singular y propio únicamente de los populares (que no es otro que la pérdida del gobierno de las Islas Baleares) tendría sobre la totalidad de los gobiernos autonómicos y municipales de nuestro país.
Puestos a propuestas arriesgadas: cabe proponer, constitucionalmente, la elección directa de los alcaldes (incluso a doble vuelta), procedimiento electoral que existe ya en municipios de pocos habitantes, y dotarles de un amplio poder al tener ellos mismos una legitimidad democrática propia. Pero estoy seguro que esta propuesta no gustaría a los dirigentes populares, ya que les quitaría de por vida numerosas alcaldías que la izquierda pierde por la disgregación del voto en varios partidos y que se agruparían en una segunda vuelta. Al final y al principio, a los populares solamente le interesa tener el poder y para ello pisotean los principios, incluso los propios.
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