Los alcaldes de la zona sur de la comarca del Aljarafe (zona suburbana de Sevilla) han reclamado que se prevea en el POTAU, instrumento de ordenación territorial de una zona determinada, una pasarela sur que conecte esta comarca con los municipios de al sur de la capital hispalense.
El Aljarafe sur, que a pesar de su nombre está al oeste de la capital andaluza, ha sido y es una de las áreas de mayor expansión urbanística, todo un monumento a los “acosados”. La enloquecida edificación de viviendas no ha ido pareja con la construcción de infraestructuras públicas tales como centros educativos, centros de asistencia sanitaria, redes de abastecimiento de aguas o saneamiento de residuos, sistema de distribución de energía y, sobre todo, carreteras de acceso y vías de circulación dentro de la zona, así como transportes públicos que conecten a las ciudades dormitorios con Sevilla y entre los diversos núcleos que la conforman.
La redacción del POTAU para esta zona llega muy tarde. Desde enero de 1994 está aprobada la Ley Andaluza de Ordenación del Territorio y el Plan regional, que tenía que dar cuerpo a esta norma legal, todavía tardó doce años en verse aprobado.
Ni la Ley ni el Plan regional marcaban específicamente las actuaciones ni ordenaban el territorio más allá de los principios generales y la identificación de zonas. Ello le corresponde al tercer nivel de concreción de la ordenación territorial, a los planes subregionales. Dicho claramente, hasta que se apruebe el plan subregional la ordenación territorial es una mera abstracción, una entelequia.
Se contemplan veintitrés planes subregionales, de los cuales sólo nueve, desde la aprobación de la Ley en 1994, han sido aprobado, uno se encuentra en fase de tramitación (el del la aglomeración urbana de Sevilla), dos son considerados como de próximo estudios y seis más se encuentran en “otros ámbitos de estudios”.
Los ayuntamientos del Aljarafe, todo y sin distinción de color político, han obrado con una irresponsabilidad concediendo licencias a todo constructor que pasaba por allí, destrozando los olivares y creando conglomerados de viviendas poco habitables, sólo por recaudar más en impuestos inmobiliarios y dar una falsa impresión de prosperidad a sus habitantes (sólo pensando bien y no en cositas feas).
La dejadez de la Administración Autonómica en la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio ha creado el vacío que ha propiciado fenómenos perjudiciales como los descritos anteriormente. Los dirigentes municipales tienen una responsabilidad evidente en el dislate aljarafeño, pero los gobernantes autonómicos también lo tienen, porque ellos sabían lo que pasaban y no tomaron las medidas que la Ley de 1994 les permitía y aceleraron la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio.
Hoy no se debería estar hablando de un nuevo puente para enlazar el Aljarafe con la zona sur de la aglomeración urbana. Se debería estar pensando en construir el tercero, en tener dos alternativas más al “Puente del Centenario” y en añadir dos líneas más cercanías a las dos que ya deberían existir.
Van con veinte años de retraso y creen que van por delante.
El Aljarafe sur, que a pesar de su nombre está al oeste de la capital andaluza, ha sido y es una de las áreas de mayor expansión urbanística, todo un monumento a los “acosados”. La enloquecida edificación de viviendas no ha ido pareja con la construcción de infraestructuras públicas tales como centros educativos, centros de asistencia sanitaria, redes de abastecimiento de aguas o saneamiento de residuos, sistema de distribución de energía y, sobre todo, carreteras de acceso y vías de circulación dentro de la zona, así como transportes públicos que conecten a las ciudades dormitorios con Sevilla y entre los diversos núcleos que la conforman.
La redacción del POTAU para esta zona llega muy tarde. Desde enero de 1994 está aprobada la Ley Andaluza de Ordenación del Territorio y el Plan regional, que tenía que dar cuerpo a esta norma legal, todavía tardó doce años en verse aprobado.
Ni la Ley ni el Plan regional marcaban específicamente las actuaciones ni ordenaban el territorio más allá de los principios generales y la identificación de zonas. Ello le corresponde al tercer nivel de concreción de la ordenación territorial, a los planes subregionales. Dicho claramente, hasta que se apruebe el plan subregional la ordenación territorial es una mera abstracción, una entelequia.
Se contemplan veintitrés planes subregionales, de los cuales sólo nueve, desde la aprobación de la Ley en 1994, han sido aprobado, uno se encuentra en fase de tramitación (el del la aglomeración urbana de Sevilla), dos son considerados como de próximo estudios y seis más se encuentran en “otros ámbitos de estudios”.
Los ayuntamientos del Aljarafe, todo y sin distinción de color político, han obrado con una irresponsabilidad concediendo licencias a todo constructor que pasaba por allí, destrozando los olivares y creando conglomerados de viviendas poco habitables, sólo por recaudar más en impuestos inmobiliarios y dar una falsa impresión de prosperidad a sus habitantes (sólo pensando bien y no en cositas feas).
La dejadez de la Administración Autonómica en la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio ha creado el vacío que ha propiciado fenómenos perjudiciales como los descritos anteriormente. Los dirigentes municipales tienen una responsabilidad evidente en el dislate aljarafeño, pero los gobernantes autonómicos también lo tienen, porque ellos sabían lo que pasaban y no tomaron las medidas que la Ley de 1994 les permitía y aceleraron la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio.
Hoy no se debería estar hablando de un nuevo puente para enlazar el Aljarafe con la zona sur de la aglomeración urbana. Se debería estar pensando en construir el tercero, en tener dos alternativas más al “Puente del Centenario” y en añadir dos líneas más cercanías a las dos que ya deberían existir.
Van con veinte años de retraso y creen que van por delante.
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