En el contexto de una ley de acompañamiento autonómica, la de la Comunidad Valenciana, los tres grupos parlamentarios que forman las Cortes Valencianas han acordado una subvención a los diferentes grupos en virtud de la representación en la cámara y los votos recibidos en los últimos comicios autonómicos.
Jaime Sánchez Juárez en su blog ha criticado este acuerdo, apuntando la idea de que no tiene sentido que los partidos políticos reciban fondos públicos para su financiación. Es una opinión legítima, pero que no comparto por un conjunto de motivos que ahora expongo.
El sistema democrático del que nos hemos dotado se caracteriza por la preeminencia de los partidos políticos para la representación y la participación en la vida pública de los ciudadanos. La opción por este sistema posibilita la creación de proyectos regionales y nacionales, cosa que desde luego nos es posible con la mínima coherencia exigible con la lógica atomización que produciría una cámara de legisladores desconectados políticamente los unos de los otros, más atentos a la reelección en su circunscripción que de articular una política para todo el país o región. El apoyo parlamentario a la acción del gobierno sería el resultado de negociaciones presididas por el poco moral principio, en política, del “quid pro quo” o “do ut des”.
Lo que pocos ignoran es que hacer política no es barato, y no sólo por las campañas electorales, sino porque la vida pública exige cada día más una especialización y unos conocimientos que poseen unos profesionales a los que hay que o pagar si quieres tenerlos disponibles para tu proyecto. El trabajo hay que pagarlo y sólo eso, sino también los locales, el teléfono, el ordenador, la fotocopiadora, los desplazamientos para formarse o reunirse.
A algunos les parece feo que los partidos políticos sean financiados por medio de fondos públicos. Quedan dos alternativas, o la financiación a través de sus miembros o la financiación privada. La financiación a través de los miembros (ese ideal pastoril que adorna muchas mentes con la misma ingenuidad política que Heidi) es difícil y pondría las formaciones en manos de los miembros de los partidos con más poder adquisitivo, de forma que mandaría solamente el que puede pagar y mantener el partido. Los partidos terminarían cotizando en bolsa, llegando a aparecer hasta fondos de inversiones especializados en las acciones de los partidos. El final de este sistema es igual a la financiación privada.
La alternativa de la financiación privada empieza donde termina la anterior posibilidad, pero con más oscuridad. Los partidos se financian con fondos privados y el dinero dado a quien puede tener poder no es una donación inocente, busca que luego el grupo financiado, una vez en el poder, sea sensible a sus intereses en las “condiciones técnicas de contratación” o en la regulación y control de su actividad.
Nuestra mala conciencia hacia todo lo que tenga que ver con partidos políticos y dinero ha hecho que nuestro sistema de financiación sea un dislate. Es público, interno y privado, con lo que no tiene la virtud de ninguno de ellos y asume todos los defectos. Con un panorama político consolidado como el que tenemos conviene que la actividad política es mejor que la financiación de los partidos sea pública, porque garantiza independencia, si ésta es realmente financiación y si hay verdaderos controles tanto de los gastos como de los otros ingresos que cada partido pueda buscarse.
Jaime Sánchez Juárez en su blog ha criticado este acuerdo, apuntando la idea de que no tiene sentido que los partidos políticos reciban fondos públicos para su financiación. Es una opinión legítima, pero que no comparto por un conjunto de motivos que ahora expongo.
El sistema democrático del que nos hemos dotado se caracteriza por la preeminencia de los partidos políticos para la representación y la participación en la vida pública de los ciudadanos. La opción por este sistema posibilita la creación de proyectos regionales y nacionales, cosa que desde luego nos es posible con la mínima coherencia exigible con la lógica atomización que produciría una cámara de legisladores desconectados políticamente los unos de los otros, más atentos a la reelección en su circunscripción que de articular una política para todo el país o región. El apoyo parlamentario a la acción del gobierno sería el resultado de negociaciones presididas por el poco moral principio, en política, del “quid pro quo” o “do ut des”.
Lo que pocos ignoran es que hacer política no es barato, y no sólo por las campañas electorales, sino porque la vida pública exige cada día más una especialización y unos conocimientos que poseen unos profesionales a los que hay que o pagar si quieres tenerlos disponibles para tu proyecto. El trabajo hay que pagarlo y sólo eso, sino también los locales, el teléfono, el ordenador, la fotocopiadora, los desplazamientos para formarse o reunirse.
A algunos les parece feo que los partidos políticos sean financiados por medio de fondos públicos. Quedan dos alternativas, o la financiación a través de sus miembros o la financiación privada. La financiación a través de los miembros (ese ideal pastoril que adorna muchas mentes con la misma ingenuidad política que Heidi) es difícil y pondría las formaciones en manos de los miembros de los partidos con más poder adquisitivo, de forma que mandaría solamente el que puede pagar y mantener el partido. Los partidos terminarían cotizando en bolsa, llegando a aparecer hasta fondos de inversiones especializados en las acciones de los partidos. El final de este sistema es igual a la financiación privada.
La alternativa de la financiación privada empieza donde termina la anterior posibilidad, pero con más oscuridad. Los partidos se financian con fondos privados y el dinero dado a quien puede tener poder no es una donación inocente, busca que luego el grupo financiado, una vez en el poder, sea sensible a sus intereses en las “condiciones técnicas de contratación” o en la regulación y control de su actividad.
Nuestra mala conciencia hacia todo lo que tenga que ver con partidos políticos y dinero ha hecho que nuestro sistema de financiación sea un dislate. Es público, interno y privado, con lo que no tiene la virtud de ninguno de ellos y asume todos los defectos. Con un panorama político consolidado como el que tenemos conviene que la actividad política es mejor que la financiación de los partidos sea pública, porque garantiza independencia, si ésta es realmente financiación y si hay verdaderos controles tanto de los gastos como de los otros ingresos que cada partido pueda buscarse.
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