Los problemas que tiene nuestro sistema electoral siempre han tenido el apellido “D’Hontd”. No hay nada como un nombre extranjero y un sistema de asignación de escaños que siempre necesita de un papel para ser explicado para que todo el mundo crea que ese el único problema. La Constitución estable que la circunscripción electoral para el Congreso de los Diputados es la provincia (art. 68.2), indicando que la Ley atribuirá un mínimo a cada provincia que se incrementará proporcionalmente según la población.
La Constitución no impide que el mínimo de diputados a elegir en cada provincia sea de uno, pero la Ley del Régimen Electoral General optó por atribuir un mínimo inicial de dos diputados a cada provincia, con la excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla que tienen un solo diputado (art. 162.2). Esto consagró una desproporción favorable a las provincias menos pobladas y normalmente más conservadoras.
Ésta fue una exigencia de la derecha política para alcanzar el mítico “consenso”, palabra que ha sido utilizada para imponer los intereses de la derecha con el pretexto de que democracia significa unanimidad y no mayoría y la amenaza de iniciar el viaje de regreso a las cavernas. El resultado es que la derecha se garantiza al menos los dos primeros escaños de estas circunscripciones, los iniciales, a un precio muy bajo, impidiendo que se elijan en circunscripciones más grandes donde el número de votos por diputado es elevadísimo.
La consolidación de los caladeros electorales también ha producido que por estrechas diferencias se decida el escaño final en numerosas circunscripciones. Los que nos interesamos por leer las enormes tablas de resultados de las elecciones, provincia por provincia, ya nos habíamos dado cuenta de esto, al igual que los estrategas electorales de los principales partidos. Ganar un diputado al principal oponente electoral es en realidad ganarle dos, el que uno gana y el otro pierde, obligándole a obtener tres más para superar esa victoria.
Es por ello por lo que el PSOE está colocando en la cabecera de lista de determinadas provincias ajustadas a personas de especial conocimiento de los ciudadanos, lo cual se reduce prácticamente a los ministros, con la idea de que estos candidatos arrastren la cantidad suficiente de votos necesarios para llevarse el último diputado, que sumado a otros puede ser decisivo a la hora de formar una mayoría parlamentaria.
No creo que sea el momento de insistir en el debate eterno de la necesidad de renovar nuestro sistema de elección proporcional, aunque sea precisa una reforma constitucional, básicamente porque la posibilidad siempre será abortada por la derecha (y los nacionalistas), ya que no quieren que la izquierda esté debidamente representada según los votos que obtiene y que muchos votos a los partidos de izquierda quedan perdidos (a uno más que a otro).
La Constitución no impide que el mínimo de diputados a elegir en cada provincia sea de uno, pero la Ley del Régimen Electoral General optó por atribuir un mínimo inicial de dos diputados a cada provincia, con la excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla que tienen un solo diputado (art. 162.2). Esto consagró una desproporción favorable a las provincias menos pobladas y normalmente más conservadoras.
Ésta fue una exigencia de la derecha política para alcanzar el mítico “consenso”, palabra que ha sido utilizada para imponer los intereses de la derecha con el pretexto de que democracia significa unanimidad y no mayoría y la amenaza de iniciar el viaje de regreso a las cavernas. El resultado es que la derecha se garantiza al menos los dos primeros escaños de estas circunscripciones, los iniciales, a un precio muy bajo, impidiendo que se elijan en circunscripciones más grandes donde el número de votos por diputado es elevadísimo.
La consolidación de los caladeros electorales también ha producido que por estrechas diferencias se decida el escaño final en numerosas circunscripciones. Los que nos interesamos por leer las enormes tablas de resultados de las elecciones, provincia por provincia, ya nos habíamos dado cuenta de esto, al igual que los estrategas electorales de los principales partidos. Ganar un diputado al principal oponente electoral es en realidad ganarle dos, el que uno gana y el otro pierde, obligándole a obtener tres más para superar esa victoria.
Es por ello por lo que el PSOE está colocando en la cabecera de lista de determinadas provincias ajustadas a personas de especial conocimiento de los ciudadanos, lo cual se reduce prácticamente a los ministros, con la idea de que estos candidatos arrastren la cantidad suficiente de votos necesarios para llevarse el último diputado, que sumado a otros puede ser decisivo a la hora de formar una mayoría parlamentaria.
No creo que sea el momento de insistir en el debate eterno de la necesidad de renovar nuestro sistema de elección proporcional, aunque sea precisa una reforma constitucional, básicamente porque la posibilidad siempre será abortada por la derecha (y los nacionalistas), ya que no quieren que la izquierda esté debidamente representada según los votos que obtiene y que muchos votos a los partidos de izquierda quedan perdidos (a uno más que a otro).
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