El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, empieza a intentar reaccionar frente al escándalo de la trama de corrupción de funcionarios municipales en el Ayuntamiento de Madrid. Esperaba yo, ingenuamente, el anuncio de una profunda inspección no sólo de los servicios en afectados por la red descubierta esta semana, sino también de otros, porque nadie puede asegurar que no existan otras tramas.
No, Gallardón en vez de curar los miembros enfermos y prevenir que otros se contagien, ha decidido cortar por lo sano, en un sentido literal, es decir, ha anunciado su plan de que los procedimientos de tramitación de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid serán entregados a “empresas privadas certificadoras” con una supervisión final de los técnicos municipales.
Además de los problemas legales que pueda plantear este nuevo invento de los liberales de lo superficial que dirigen el PP de Madrid, lo primero que debe analizarse es un utilidad. Si los trámites hubieran sido llevados por empresas privadas certificadoras y visados por técnicos municipales la trama hubiera podido campar a sus anchas, bien viviendo en las empresas privadas en mano de unos pocos, en los técnicos encargados de visar o en ambas orillas.
Los problemas se solucionan dejando a la Justicia intervenir y poniendo todos los medios para que no se creen las condiciones de que los comportamientos ilegales tengan lugar e impunidad. Y para que no haya impunidad, hay que tomarse en serio las denuncias procedan de quien procedan, investigarlas independientemente y actuar en consecuencia.
No, Gallardón en vez de curar los miembros enfermos y prevenir que otros se contagien, ha decidido cortar por lo sano, en un sentido literal, es decir, ha anunciado su plan de que los procedimientos de tramitación de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid serán entregados a “empresas privadas certificadoras” con una supervisión final de los técnicos municipales.
Además de los problemas legales que pueda plantear este nuevo invento de los liberales de lo superficial que dirigen el PP de Madrid, lo primero que debe analizarse es un utilidad. Si los trámites hubieran sido llevados por empresas privadas certificadoras y visados por técnicos municipales la trama hubiera podido campar a sus anchas, bien viviendo en las empresas privadas en mano de unos pocos, en los técnicos encargados de visar o en ambas orillas.
Los problemas se solucionan dejando a la Justicia intervenir y poniendo todos los medios para que no se creen las condiciones de que los comportamientos ilegales tengan lugar e impunidad. Y para que no haya impunidad, hay que tomarse en serio las denuncias procedan de quien procedan, investigarlas independientemente y actuar en consecuencia.
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