La noticia del día ha sido una operación de la Guardia Civil contra la corrupción de un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Era una red estable que se dedicaba a cobrar por agilizar procedimientos de concesión de licencias y o por diferir hasta la caducidad los procedimientos sancionadores. El asunto ha sido espectacular porque varias sedes municipales han sido registradas por los guardias civiles. Los dirigentes políticos del Ayuntamiento de la capital están tranquilos y aseguran que no hay ningún cargo político involucrado y paralelamente desde el Ministerio del Interior se asegura que hay sospechosos que no son funcionarios municipales, como algunos abogados.
Esto es solamente una muestra de lo que es común en tantas administraciones y que paralizan a nuestras administraciones, destrozando las garantías legales y ganando un dinero que no les corresponde. Lo malo de todo esto es que habría síntomas sobrados de que hay una serie de funcionarios que mantienen un nivel de vida que no se corresponde con sus ingresos, que son conocidos y determinados.
También las prácticas irregulares son controlables, con un poco de esfuerzo. Actualmente la informatización de la Administración es casi plena, por lo que se puede seguir qué procedimientos tienen un plazo de resolución exageradamente reducidos según la media, cuáles se demoran y sin excusa habría que examinar de oficio qué ha pasado para que un procedimiento sancionador caiga en caducidad.
Hay cosas que “todo el mundo sabe” pero que nadie investiga. Existen despachos y gestoras con una eficacia que poco tienen que ver con el trabajo. Algunos funcionarios que indican a los ciudadanos lo conveniente que le sería acudir a esos despachos o gestoras para que sus trámites vayan por el cauce conveniente. Determinados familiares de algunos funcionarios se especializan sospechosamente también en la misma rama que su familiar empleado público que alcanza un puesto directivo, aunque hasta entonces les haya sido ajena. Después está la corrupción aceptada en forma de regalos de todo tipo que muchas empresas y empresarios entregan a los funcionarios en fechas tan señalas como las fiestas navideñas que se avecinan (van desde el calendario, un juego de bolígrafos más interesante hasta extremos que todos hemos oído como viajes).
Nuestro sistema de Función Pública quiere garantizar la permanencia, la profesionalidad y la neutralidad de la Administración para que no dependa de las variaciones políticas, es decir, que unas elecciones no provoquen un cambio radical en todos los niveles del Estado, de una Comunidad Autónoma o de una Corporación Local y que haya que empezar de nuevo cada cuatro años, perdiendo toda la experiencia administrativa que únicamente el trabajo a lo largo del tiempo proporciona.
La corrupción política es como la mancha de tomate: escandalosa y que siempre llama la atención. En cambio la corrupción funcionarial se esconde en el fondo de nuestra Administración y lo patológico se confunde con lo correcto, quedándose para pudrir todo de forma discreta y efectiva.
Esto es solamente una muestra de lo que es común en tantas administraciones y que paralizan a nuestras administraciones, destrozando las garantías legales y ganando un dinero que no les corresponde. Lo malo de todo esto es que habría síntomas sobrados de que hay una serie de funcionarios que mantienen un nivel de vida que no se corresponde con sus ingresos, que son conocidos y determinados.
También las prácticas irregulares son controlables, con un poco de esfuerzo. Actualmente la informatización de la Administración es casi plena, por lo que se puede seguir qué procedimientos tienen un plazo de resolución exageradamente reducidos según la media, cuáles se demoran y sin excusa habría que examinar de oficio qué ha pasado para que un procedimiento sancionador caiga en caducidad.
Hay cosas que “todo el mundo sabe” pero que nadie investiga. Existen despachos y gestoras con una eficacia que poco tienen que ver con el trabajo. Algunos funcionarios que indican a los ciudadanos lo conveniente que le sería acudir a esos despachos o gestoras para que sus trámites vayan por el cauce conveniente. Determinados familiares de algunos funcionarios se especializan sospechosamente también en la misma rama que su familiar empleado público que alcanza un puesto directivo, aunque hasta entonces les haya sido ajena. Después está la corrupción aceptada en forma de regalos de todo tipo que muchas empresas y empresarios entregan a los funcionarios en fechas tan señalas como las fiestas navideñas que se avecinan (van desde el calendario, un juego de bolígrafos más interesante hasta extremos que todos hemos oído como viajes).
Nuestro sistema de Función Pública quiere garantizar la permanencia, la profesionalidad y la neutralidad de la Administración para que no dependa de las variaciones políticas, es decir, que unas elecciones no provoquen un cambio radical en todos los niveles del Estado, de una Comunidad Autónoma o de una Corporación Local y que haya que empezar de nuevo cada cuatro años, perdiendo toda la experiencia administrativa que únicamente el trabajo a lo largo del tiempo proporciona.
La corrupción política es como la mancha de tomate: escandalosa y que siempre llama la atención. En cambio la corrupción funcionarial se esconde en el fondo de nuestra Administración y lo patológico se confunde con lo correcto, quedándose para pudrir todo de forma discreta y efectiva.
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