Chad, un país al sur de Libia, pobre, con guerras endémicas y en el que lo peor de la existencia política de los seres humanos adquiere carta de normalidad, ha sido uno de los protagonistas informativos en España a causa de la detención de siete españoles, miembros de una tripulación aérea, acusados de secuestro de menores. Ya que los siete españoles están de vuelta en nuestro país, quiero permitirme algunas reflexiones.
1. La detención de los españoles y los franceses no se ha debido a una formalidad administrativa o a un capricho de un dirigente político con ganas de protagonismo internacional, sino a una gravísima acusación penal, tráfico de menores, que no era además un mero capricho, sino que estaba sostenida por sólidas pruebas, como han podido comprobar los medios de comunicación destacados en Chad. Tenemos la tendencia a considerar que nuestros ciudadanos son angelitos que cuando salen al extranjero no hacen nada malo, pero sabemos que no es así, y si en España los españoles cometen delitos, también pueden cometerlo fuera de España. La lógica desconfianza para con la Justicia chadiana y su sistema penitenciario ha hecho que se pase por alto que el asunto de fondo era de extrema gravedad y ahora debe ser retomado, porque el tráfico internacional de niños existe y lo que aquí se ha descubierto es una de sus acciones.
2. Es una obligación de los Estados proteger a sus ciudadanos y más si están en peligro sus derechos fundamentales en terceros Estados (la tradicional institución de la “protección consular”), incluso si esta violación se da solamente como una seria probabilidad (sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Soering contra el Reino Unido de 7 de julio de 1989). Pero aquí en el proceso de los ciudadanos españoles y franceses, Francia y España han ejercido de potencias coloniales y han entrado en el juego que se da en ese lugar del mundo: comprar voluntades y amenazar en el caso que la transacción no sea aceptada.
3. No debe haber crimen sin castigo. Si verdaderamente ha habido un intento de tráfico de menores, hay que realizar una investigación y ver la forma en la que los responsables, en el caso de haber indicios racionales de la comisión del delito, pueden ser llevados antes un tribunal para ser juzgados. La nacionalidad del presunto autor y el país de la presunta comisión no pueden ser causa de impunidad para nadie.
1. La detención de los españoles y los franceses no se ha debido a una formalidad administrativa o a un capricho de un dirigente político con ganas de protagonismo internacional, sino a una gravísima acusación penal, tráfico de menores, que no era además un mero capricho, sino que estaba sostenida por sólidas pruebas, como han podido comprobar los medios de comunicación destacados en Chad. Tenemos la tendencia a considerar que nuestros ciudadanos son angelitos que cuando salen al extranjero no hacen nada malo, pero sabemos que no es así, y si en España los españoles cometen delitos, también pueden cometerlo fuera de España. La lógica desconfianza para con la Justicia chadiana y su sistema penitenciario ha hecho que se pase por alto que el asunto de fondo era de extrema gravedad y ahora debe ser retomado, porque el tráfico internacional de niños existe y lo que aquí se ha descubierto es una de sus acciones.
2. Es una obligación de los Estados proteger a sus ciudadanos y más si están en peligro sus derechos fundamentales en terceros Estados (la tradicional institución de la “protección consular”), incluso si esta violación se da solamente como una seria probabilidad (sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Soering contra el Reino Unido de 7 de julio de 1989). Pero aquí en el proceso de los ciudadanos españoles y franceses, Francia y España han ejercido de potencias coloniales y han entrado en el juego que se da en ese lugar del mundo: comprar voluntades y amenazar en el caso que la transacción no sea aceptada.
3. No debe haber crimen sin castigo. Si verdaderamente ha habido un intento de tráfico de menores, hay que realizar una investigación y ver la forma en la que los responsables, en el caso de haber indicios racionales de la comisión del delito, pueden ser llevados antes un tribunal para ser juzgados. La nacionalidad del presunto autor y el país de la presunta comisión no pueden ser causa de impunidad para nadie.
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