Hace dos días el Presidente del Gobierno y la Ministra de la Vivienda anunciaron con gran despliegue mediático las nuevas medidas para incentivar el alquiler de vivienda. La verdad es que ni los sectores más cercanos al gobierno socialista han entusiasmado con el anuncio, dedicándole “El País” dos portadas realmente críticas.
Las medidas de la Ministra Chacón se parecen a las de la ex Ministra Trujillo, pero con dos diferencias marcadas: la primera es que las medida de Trujillo tenían que ser ganadas en una convocatoria pública en manos de las Comunidades Autónomas, mientras que las de Chacón son generales y serán gestionadas directamente por el Estado. La segunda diferencia es que las nuevas medidas incorporan una desgravación fiscal para el alquiler, que desde la Ley de 1998 había desaparecido de nuestro sistema tributario.
En todo caso, pese a sus similitudes y diferencias, ninguno de los dos planes son realmente planes generales, de fomento del alquiler, sino únicamente planes de fomento del alquiler joven, que para estas medidas son los menores de treinta años. Creo que esta es una de las grandes carencias, ya que el fomento del alquiler es una opción buena no solamente para los jóvenes, sino para la población en general y para la economía nacional (aumentando la renta disponible para ser gastada en otros sectores que no son el inmobiliario).
Lo más sorprendente no ha sido la lógica batalla política y la pluralidad de valoraciones acerca de este anuncio, sino la proliferación de “analistas” del mercado de alquiler que ha salido en defensa de los propietarios y “caseros”, indicando que los problemas del alquiler se deben fundamentalmente a que los que ponen sus casas en alquilar con unos santos y los inquilinos son unos delincuentes que ni pagan ni conservan bien las casas.
No voy a entrar a discutir que haya personas que no paguen la renta y personas que no cuiden adecuadamente las casas, pero sí me niego a creer que esto es una generalidad y mucho más voy a colaborar en mantener la imagen seráfica de los caseros. Repasemos a los caseros.
Normalmente los caseros no declaran a Hacienda los grandes ingresos que perciben al alquilar sus viviendas, por lo que las quejas sobre sus reclamaciones judiciales se deben más a la imposibilidad de acceder a ellas que al hecho de su funcionamiento, porque muchos no pueden ir a los tribunales para exigir el pago de las rentas debidas, sencillamente porque el Estado desconoce que ellos hubieran percibido esas rentas.
Las viviendas puestas en alquiler por lo general están en un estado de conservación, mantenimiento y equipamiento muy inferior a las de propiedad, siendo los precios muy semejantes a los precios de una amortización hipotecaria. Sale un inquilino, entra otro y ni siquiera se hace una limpieza general. Los caseros confunde interesadamente no cuidar la vivienda con el desgaste normal causado por el uso de las cosas. Cualquier persona sabe que en una casa siempre hay que hacer un mantenimiento de determinadas cosas, pero los caseros no lo saben y dejan las casas caerse, porque siempre podrán echarle la culpa al anterior inquilino y culpar al siguiente, con la única finalidad de quedarse con la fianza.
Los caseros se aprovechan tanto de jóvenes como de trabajadores desplazados transitoriamente para pedir mucho dinero por metro cuadrado. Saben que muchas veces los inquilinos son uno por habitación de forma que los precios suben porque no son calculados en función de zona, calidad y metros cuadrados, sino en virtud de las habitaciones que posee la vivienda.
A modo de síntesis, tengo la sospecha que la mala fama de los inquilinos, la criminalización de estos, es una “política de comunicación” de muchos caseros para mantener restringido el mercado, metiendo miedo a otros propietarios para introducir sus viviendas en el mercado y así subir el precio a placer.
El alquiler se trata políticamente de una forma incorrecta. El alquiler es una especie de mercado secundario para gente de segunda, jóvenes y pobres. No se solucionarán los problemas de este mercado, sobre todo su dimensión, hasta que socialmente el alquiler sea valorado con la misma dignidad que la propiedad (con hipoteca para toda la vida).
Las medidas de la Ministra Chacón se parecen a las de la ex Ministra Trujillo, pero con dos diferencias marcadas: la primera es que las medida de Trujillo tenían que ser ganadas en una convocatoria pública en manos de las Comunidades Autónomas, mientras que las de Chacón son generales y serán gestionadas directamente por el Estado. La segunda diferencia es que las nuevas medidas incorporan una desgravación fiscal para el alquiler, que desde la Ley de 1998 había desaparecido de nuestro sistema tributario.
En todo caso, pese a sus similitudes y diferencias, ninguno de los dos planes son realmente planes generales, de fomento del alquiler, sino únicamente planes de fomento del alquiler joven, que para estas medidas son los menores de treinta años. Creo que esta es una de las grandes carencias, ya que el fomento del alquiler es una opción buena no solamente para los jóvenes, sino para la población en general y para la economía nacional (aumentando la renta disponible para ser gastada en otros sectores que no son el inmobiliario).
Lo más sorprendente no ha sido la lógica batalla política y la pluralidad de valoraciones acerca de este anuncio, sino la proliferación de “analistas” del mercado de alquiler que ha salido en defensa de los propietarios y “caseros”, indicando que los problemas del alquiler se deben fundamentalmente a que los que ponen sus casas en alquilar con unos santos y los inquilinos son unos delincuentes que ni pagan ni conservan bien las casas.
No voy a entrar a discutir que haya personas que no paguen la renta y personas que no cuiden adecuadamente las casas, pero sí me niego a creer que esto es una generalidad y mucho más voy a colaborar en mantener la imagen seráfica de los caseros. Repasemos a los caseros.
Normalmente los caseros no declaran a Hacienda los grandes ingresos que perciben al alquilar sus viviendas, por lo que las quejas sobre sus reclamaciones judiciales se deben más a la imposibilidad de acceder a ellas que al hecho de su funcionamiento, porque muchos no pueden ir a los tribunales para exigir el pago de las rentas debidas, sencillamente porque el Estado desconoce que ellos hubieran percibido esas rentas.
Las viviendas puestas en alquiler por lo general están en un estado de conservación, mantenimiento y equipamiento muy inferior a las de propiedad, siendo los precios muy semejantes a los precios de una amortización hipotecaria. Sale un inquilino, entra otro y ni siquiera se hace una limpieza general. Los caseros confunde interesadamente no cuidar la vivienda con el desgaste normal causado por el uso de las cosas. Cualquier persona sabe que en una casa siempre hay que hacer un mantenimiento de determinadas cosas, pero los caseros no lo saben y dejan las casas caerse, porque siempre podrán echarle la culpa al anterior inquilino y culpar al siguiente, con la única finalidad de quedarse con la fianza.
Los caseros se aprovechan tanto de jóvenes como de trabajadores desplazados transitoriamente para pedir mucho dinero por metro cuadrado. Saben que muchas veces los inquilinos son uno por habitación de forma que los precios suben porque no son calculados en función de zona, calidad y metros cuadrados, sino en virtud de las habitaciones que posee la vivienda.
A modo de síntesis, tengo la sospecha que la mala fama de los inquilinos, la criminalización de estos, es una “política de comunicación” de muchos caseros para mantener restringido el mercado, metiendo miedo a otros propietarios para introducir sus viviendas en el mercado y así subir el precio a placer.
El alquiler se trata políticamente de una forma incorrecta. El alquiler es una especie de mercado secundario para gente de segunda, jóvenes y pobres. No se solucionarán los problemas de este mercado, sobre todo su dimensión, hasta que socialmente el alquiler sea valorado con la misma dignidad que la propiedad (con hipoteca para toda la vida).
No hay comentarios:
Publicar un comentario