Ignoracia jurídica

Voy a hacer una confesión personal: soy funcionario. El cuerpo de la Administración al que pertenezco tiene una peculiaridad respecto a todos los demás cuerpos de funcionarios. Esta peculiaridad consiste en que para acceder no es necesario tener el más mínimo conocimiento jurídico, a pesar de ser del denominado “Grupo A” (ya estoy dando bastante pistas).

Como yo sí tengo alguna formación jurídica de vez en cuando me tiemblan las carnes con lo que mis compañeros y compañeras dicen sobre la actualidad jurídica que nos afecta. El otro día, en una reunión, el número dos de mi lugar de trabajo, dijo que el BOE acababa de publicar una nueva Ley dedicada a un aspecto muy específico de nuestro trabajo.

Me extrañó porque las Cortes no están en sesión, el tema no merece una norma de rango legal, pero uno ya se puede esperar cualquier cosa y un Decreto-Ley por sorpresa nunca es absolutamente descartable. De la extrañeza pasé al sopor cuando pedí la “nueva Ley” y comprobé que era una simple Orden Ministerial.

Esto, que no es otra cosa que una mera anécdota, genera problemas a la hora de determinar la norma aplicable a cada caso. De las más sencillas normas de aplicación no hay noticias, se confunde la Exposición de Motivos con el cuerpo normativo y eso del procedimiento administrativo es una entelequia que suena pero que no saben ni lo que es ni las consecuencias que tiene.